Los socialistas creemos en el internacionalismo y el federalismo; por eso, apoyamos una Unión Europea social. De ahí que condenemos la actual deriva del PP, que obstruye la entrada en vigor del acuerdo franco-español con una nueva consulta al Tribunal Constitucional.
Son
muchos los franceses que viven en La Rioja, así como otros que tienen la doble
nacionalidad, que hoy asisten incrédulos a cómo las derechas españolas se han
echado al monte, y se preguntarán por qué los cuatro senadores van contra los
intereses económicos de las empresas y personas afincadas en La Rioja.
Cuando el TC reciba el requerimiento,
deberá decidir si el artículo 2.4 del tratado es compatible con la
Constitución. Para ello, convocaría al Senado, al Congreso y al Gobierno a fin
de que, en el término de un mes, expresen su opinión fundada sobre la cuestión
y, dentro del mes siguiente, emitiría su declaración. Si concluye que no hay
contradicción, se reanudaría la tramitación parlamentaria y España podría
avanzar hacia su ratificación; si aprecia una incompatibilidad, el acuerdo no
podría ratificarse tal como está y habría que renegociar esa cláusula con
Francia o reformar la Constitución.
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