La imputación
a Zapatero no resiste un asalto al Código Penal; es solo el enésimo artefacto
de diseño manufacturado por la factoría político-mediático y judicial para
limpiar los telediarios de la corrupción conservadora y los lazos con un
partido fascista.
La maquinaria del fango no descansa, solo se
sofistica. Justo cuando el desarrollo del juicio de la Kitchen se vuelve
insostenible y los titulares de la derecha se ahogan entre los millones
emparedados del exjefe de la UDEF en la Audiencia Nacional, la huelga de
médicos que obvia las competencias a los gobiernos regionales, la Fiscalía del
Tribunal de Cuentas propone archivar la denuncia contra el Gobierno de Ayuso
por perdonar la deuda a Quirón y Ribera Salud, la Audiencia Nacional suspende
la declaración como Lugar de Memoria Democrática de la sede de la Comunidad de
Madrid …, el conservadurismo judicial
activa su infalible botón de emergencia. ¿La última genialidad del laboratorio?
Imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto tráfico de influencias
relacionado con el rescate de Plus Ultra.
El despliegue de la UDEF posiblemente enfrentada
a la siempre telegénica UCO ya tiene su foto y el telediario de las nueve ya
tiene su ración de escándalo diario. Misión cumplida. Sin embargo, basta con
encender la luz de la lógica jurídica para que el decorado de cartón piedra se
desmorone por completo por pura gravedad legal.
El Código Penal es tozudo: para que exista el
delito de tráfico de influencias (artículos 428 al 430), quien ejerce la
presión debe ser obligatoriamente una autoridad o un funcionario público en
ejercicio de sus funciones.
Zapatero abandonó la Moncloa en 2011 y hace
quince años que dejó su acta de diputado. Hoy, en pleno 2026, es un ciudadano
particular. Por más influencia política que se le presuponga, un civil desde el
salón de su casa no gestiona el dinero público del BOE. La acusación, por
tanto, nace muerta; es un analfabetismo legal voluntario que solo busca
fabricar el titular de diseño: “Zapatero, imputado por blanqueo; la UDEF
lanza un operativo”. La causa se caerá con todo el equipo en los
tribunales, pero el impacto ya está en la calle.
La puntería cronológica de este operativo es de
una precisión quirúrgica que roza el ridículo. Han mantenido el expediente Plus
Ultra congelado durante cinco años para sacarlo a pasear precisamente hoy. Pero
claro, esto no es una casualidad; es una profecía autocumplida que la oposición
ya nos había anunciado con sospechosa clarividencia.
Llevamos meses escuchando al portavoz del PP, Miguel
Tellado, advertir con sonrisa de suficiencia en sus comparecencias que “esto
no va a parar” y que “no va a escampar” para el entorno de la
Moncloa, teledirigiendo la atención hacia lo que los discos duros de la UCO o
la UDEF estuvieran por revelar. Al mismo tiempo, portavoces como Ester Muñoz
o la propia dirección de Génova han jugado al vaticinio preventivo, avisando en
tertulias y ruedas de prensa de que la justicia estrechaba el cerco semanas
antes de que un juez firmara la orden.
¿Qué dice el presidente del gobierno de La Rioja Gonzalo
Capellán que el otro día con falsa sonrisa, se codeaba en Madrid aplaudiendo la
estrategia -no tan exitosa electoral-, desarrollada en cuatro comunidades
autónomas?
