Es indecente contemplar cómo se prolonga en el tiempo el asesinato de miles de palestinos mientras las instituciones internacionales permanecen inmóviles. Ya no basta con expresar un firme apoyo al pueblo palestino —lo cual está muy bien— ni con denunciar la “catástrofe humanitaria de proporciones estremecedoras” que vive la Franja de Gaza.
Más allá de las diferencias ideológicas y
partidarias, quienes nos identificamos con los Derechos Humanos debemos hacer
todo lo posible para detener este genocidio, claramente consentido por Estados
Unidos y las oligarquías árabes, entre otros actores. Esto, sin embargo, no
exime a la Unión Europea de su parte de responsabilidad. Israel —o, si se
prefiere, su gobierno y quienes dentro del país apoyan estas políticas— es
responsable de la muerte, el exilio y la ocupación sistemática del pueblo
palestino.
En este contexto, es imprescindible exigir el
cumplimiento inmediato de las medidas cautelares dictadas por la Corte
Internacional de Justicia para prevenir un posible genocidio en Palestina. Es
urgente el cese de la violencia en Gaza, el levantamiento del asedio, la
entrada segura de ayuda humanitaria mediante corredores permanentes, así como
la consecución de un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes, el
respeto al derecho internacional y el avance hacia una solución política justa
que incluya el reconocimiento pleno del Estado palestino según las resoluciones
de la ONU.
Por todo ello, la concienciación y la
movilización ciudadana que están llevando a cabo infinidad de colectivos son
claves para que nuestros gobernantes continúen trabajando a favor de la paz.
Posturas como la adoptada por el Gobierno de España resultan fundamentales en
el ámbito internacional, aunque a algunos les parezcan insuficientes.
Personalmente, las aplaudo.
Quiero concluir mencionando una iniciativa que,
aunque quizá no obtenga gran repercusión mediática, me parece un llamado a la
conciencia de quienes creemos en el Derecho y en la Europa de las libertades.
Se trata de un grupo de juristas expertos en derecho internacional que, el
jueves 17 de julio, presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso
por “omisión de actuación” contra la Comisión y el Consejo de la UE,
denunciando su inacción frente al genocidio en Gaza y su falta de respuesta
ante las masacres perpetradas por el gobierno de Netanyahu.
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