La Constitución de 1978 nos ha proporcionado los mejores
años de nuestra Historia. Gracias a ella han sido posibles la garantía de los
derechos y libertades, los fundamentos del Estado social, la participación
democrática en la toma de decisiones, o el desarrollo de una profunda
descentralización política a partir del reconocimiento de la diversidad de
nuestro país; y, con todo lo anterior, el incremento del bienestar de los
españoles y la convivencia en armonía de todos ellos.
La cuestión es si fruto del acuerdo celebrado entre el PSC y
ERC, del debate mediático abierto sobre la financiación singular de un
territorio y la relación con el Estado, es si por lo menos intelectualmente el
Partido Socialista o alguna de sus fundaciones pueden o no reabrir la
pendiente reforma de la vigente Constitución tal como ya planteó el PSOE en el
2015.
A mi entender después de lo sucedido con el “procés” y, la
nueva y compleja etapa que se abre con el presidente Salvador Illa, nos
estaríamos engañando si no queremos ver que el Capítulo VIII de la Ley de
Leyes, merece una repensada, que por otro lado siempre lo hemos visto como un
tema abierto.
Así, la desigualdad que afecta cada vez más a los trabajadores y a otros más -y eso que el Gobierno de España está en el corregir esta situación-, y las medidas que toman las derechas en favor de los ricos, se convierte en materia de primer orden a combatir con un mejor "reparto de la tarta".
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