El Congreso de los Diputados ha aprobado el pasado jueves 11 la normativa que otorga la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados hace más de 500 años. Sin embargo, a los saharauis, españoles hasta hace 40 años, se les deniega de forma automática la ciudadanía por proceder de un país no reconocido.
Esta esperada normativa representa un poco como es o son nuestros gobernantes. España se ha acordado de ellos, bueno de los expulsados en 1492 pero olvida a los saharauis, españoles de pleno derecho hasta el abandono del Sáhara Occidental en 1975, al igual que de los moriscos expulsados en 1609 o los hijos de emigrantes españoles que se quedaron fuera de la Ley de Memoria Histórica.
Pero centrémosnos en los saharauis que por recordar, hace sólo 40 años eran españoles de pleno derecho. Ahora resulta que unos 400 saharauis residentes en España llevan años chocándose con la denegación sistemática de la nacionalidad a pesar de cumplir todos los requisitos marcados por el Ministerio de Justicia. Llevan más de diez años viviendo en España, cotizan a la Seguridad Social y no tienen antecedentes penales. Tampoco sirve el argumento de que sus padres son españoles -cuentan con el DNI español por haber vivido en una colonia- para lograr la ciudadanía. El motivo expuesto por el Ejecutivo del PP es que: proceden de "un país no reconocido".
Bueno pues digo yo, que España reconozca a la República Árabe Democrática del Sahara y punto pelota.
Por cierto, la oposición también ha celebrado la "reparación de una injusticia histórica", aunque ha recordado las "visibles carencias" de una normativa que, a pesar de las peticiones de asociaciones y partidos políticos como IU o PSOE, no ha incluido a otros ciudadanos
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